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Cataluña entre la ILP, el Constitucional y el Plan Wert
La posibilidad de una normalización taurina en Cataluña no se planteará antes de un año
Si la ILP para revertir la ley abolicionista catalana no podrá estar resuelta antes de un año, si el Tribunal Constitucional no tiene fecha para fallar el recurso interpuesto por el PP, si las sugerencias del Plan Wert, que acaba de arrancar, no estarán elaboradas hasta la Navidades, todos los elementos parecen alinearse con un retraso considerable para alcanzar la meta de la normalización taurina en Cataluña, si es que finalmente se alcanza. Para la Fiesta resultaría, especialmente en las actuales circunstancias, que ese objetivo se alcanzara con urgencia. Pero los tiempos políticos son muy diferentes y se establecen con criterios cambiantes de oportunidad, por lo que cualquier previsión se hace imposible.
Actualizado 25 junio 2012  
Redacción   

Según los datos que aporta Juanma Lamet en blogs tauroeconomía,  la iniciativa legislativa popular (ILP) para revertir la prohibición de las corridas en Cataluña y declarar los toros Bien de Interés Cultural en toda España, no se debatirá en el Congreso al menos hasta marzo o abril de 2013. De acuerdo con el cálculo del calendario parlamentario, en circunstancias normales la ILP tardará un año en tramitarse.

La ILP llegó a la Mesa del Congreso hace un par de semana. Una vez que ésta la admita a trámite, la ILP se pondrá en la cola para ser debatida en el Pleno. El problema es que sólo se debate una iniciativa autonómica o popular al mes. Y la propuesta para declarar los toros Bien de Interés Cultural tiene otras tres ILP por delante. Esto, sumado a las iniciativas regionales, resultaría en que "tardará no menos de nueve meses", tal como apunta Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso.

Entre otras cosas, este calendario ya nos adelanta un dato: no podrá haber  toros en Barcelona en las próximas fiestas de La Merced, sino que habrá que esperar, como muy pronto, al verano del siguiente año.

Con todas estas precisiones de Lamet, una de las opciones que quedan para adelantar los acontecimientos sería una pronta sentencia del Tribunal Constitucional, ante el recurso del PP. Sin embargo, no resulta previsible que con la cadencia con la que el TC acuerda sus resoluciones, no resulta fácil que esto ocurra. Por delante tiene recursos muy relevantes de orden político, que están en la impaciente espera de una resolución que nunca llega.

Pero a la vista de la línea que viene siguiendo el Constitucional, en su actual composición, no se termina de saber si ese retraso en el recurso es conveniente o inconveniente para los intereses taurinos. Sobre todo cuando se trata de un tema que afecta en primer término a legislaciones autonómicas, materia en la que los criterios cambiantes han sido el denominador común.

El contenido del recurso, cuando se lee con detenimiento, es muy sólido en términos jurídicos. Pero la experiencia dice que ese criterio no permite prever cuál pueda ser el sentido del fallo.

La otra posibilidad radica en el anunciado “Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia”, que el ministro Wert ha encargado a la comisión de expertos.  Pero incluso poniéndonos en la hipótesis más favorable, resulta poco creíble la hipótesis de que, a partir de este Plan,  antes de un año pueda haber una solución jurídica de rango suficiente. Más bien al contrario, puede resultar más fácil que se concluya la tramitación parlamentaria antes que las actuaciones nacidas a sugerencia de tal Plan hayan permitido dictar las normas legales pertinentes.

Es más, nada extraño resultaría que, con esa posición lenta y ecléctica que viene siguiendo en su gestión taurina,  José I. Wert prefiera que tal contencioso se lo den por resuelto terceros, sin tener que tomar la iniciativa en la solución final.

Pero no cabe descartar, además, que el propio fiasco que se ha vivido en la Comunidad Valenciana, que ha dejado en suspenso la declaración de la Fiesta como BIC, influya en el ánimo de otras autonomías, que tenían en marcha iniciativas parecidas.

Mientras tanto, con calma y pensando en el criterio de “cuanto menos, mejor”, la Generalitat catalana inicia las negociaciones acerca de las indemnizaciones derivadas de la ley abolicionista. Por ahora, parece todo centrado en lo que corresponde a la Empresa titular de la Plaza de toros. Pero hay que pensar que otros sectores afectados por la prohibición también se hagan presentes en ese proceso de reclamación indemnizatoria, en la medida que también a ellos les afecta de forma directa en el ejercicio de la profesión.

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