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Deslinde de competencias estatales y autonómicas
Fundamentos jurídicos para anular la prohibición de las corridas de toros en Cataluña
Conocido el fallo del Tribunal Constitucional en el recurso presentado por los senadores del PP contra la Ley 28/2010 del Parlamento de Cataluña, nos encontramos ahora a la espera de la publicación oficial de la sentencia, incluidos los votos particulares si finalmente se presentan. En tanto aparece en el BOE, resulta de interés cotejar los fundamentos jurídicos que han llevado al alto Tribunal a su decisión de, atendiendo al recurso, anular el artículo 1 de la referida Ley, por la que quedaban prohibidas las corridas de toros en Cataluña. El Tribunal realiza un análisis en profundidad de ese binomio que forman las competencias del Estado y las que corresponden a una Comunidad autónoma, en este caso en una manifestación de orden cultural, como define a la Tauromaquia.
Actualizado 27 octubre 2016  
Redacción. Servicio de Documentación   
 El Constitucional anula la ley del Parlamento catalán que prohibió las corridas de toros
 El anclaje constitucional de los toros
 Los toros y el blindaje constitucional europeo
 DOCUMENTO 1: Fundamentación jurídica que sostiene la sentencia (Tamano: 776,1 kb.)
 DOCUMENTO 2: Texto íntegro del recurso de inconstitucionalidad (Tamano: 234,3 kb.)
 DOCUMENTO 3: Texto de la Ley 28/2010, del Parlamento Catalán (Tamano: 166,2 kb.)

Como ya resulta sabido, la sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional estableció “la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del art. 6 del Texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por incurrir en un exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que invade o menoscaba las que el art. 149.2 CE otorga al Estado”.

A esa conclusión  se llega después de un prolijo y detallado análisis jurídico acerca de las competencias del Estado y de las que corresponden a las Comunidades autónoma, con todo tipo de circunstancias condicionantes de las mismas.

Sin embargo, el Constitucional entendió que una vez alcanzado esa conclusión final, no resultaba ya preciso “analizar la norma ni desde la perspectiva de la posible vulneración del art. 149.1.13 en relación con el art. 139.2 CE, ni desde la de la vulneración de los arts. 20.1.d) y 38 CE”.

Se trata de tres aspectos relevantes que afectan de lleno a la Tauromaquia: la libertad de expresión y creación, la libertad circulación de bienes y servicios y la libertad de Empresa.

El hecho que no hayan sido contemplados y analizados en la sentencia no puede interpretarse como que no son de aplicación a las actividades taurinas; el Tribunal constata, simplemente, que el fundamento competencial que ha elaborado resulta suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma recurrida, siendo innecesario acudir a otros.

A la espera de la publicación oficial de la sentencia y de los votos particulares, si los hubiere, la base argumental contemplada en su último borrador conocido ya contiene toda una arquitectura jurídica de particular interés, tanto para el caso catalán como para otros intentos en la misma dirección que se trata de promover en otras Instituciones locales y regionales. Esos razonamientos jurídicos se trata de recopilar en el adjunto informe, que el lector puede consultar en formato PDF.

Como contrapunto documental, incluimos como archivos anexos también los textos íntegros del recurso de inconstitucionalidad y de la Ley 28/2010.

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