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Sobre la prohibición en Cataluña
¿Nadie en el PP puede asesorar a Rajoy para que no diga tonterías?
Rajoy en una barrera de la Real Maestranza de Sevilla Rajoy en una barrera de la Real Maestranza de Sevilla
El líder del PP ha valorado la nueva situación creada en Cataluña con la entrada en vigor de la prohibición de celebrar espectáculos taurinos. Al final, todo se reduce a "pedir un informe", porque su voluntad es no hacer nada hasta que el Tribunal Constitucional, dentro al menos de dos años, se pronuncie al respecto. No se sabe para qué quiere entonces el informe. Y sobre todo, no se explica que tipo de informe necesita ahora cuando en los archivos del PP hay numerosas iniciativas, algunas además promovidas por su Secretaria General y por los responsables de sus Grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado.
Actualizado 27 septiembre 2011  
Tomás Villegas   

Como el que descubre el mismísimo Mediterráneo, a raíz del fuerte impacto en todos los medios del fin de semana taurino en Barcelona, con el cierre de la Monumental, desde el PP se informaba ayer a los medios en términos como los siguientes:

Mariano Rajoy mostró ayer su disconformidad con la prohibición de las corridas de toros en Cataluña al afirmar que  no le gusta “gobernar a base de prohibiciones”, puesto que cree “en la libertad”. Tras ser preguntado por el último festejo celebrado el domingo en La Monumental de Barcelona, el presidente del Partido Popular explicó que aguardará a la decisión del Tribunal Constitucional y anunció que su formación ha solicitado un informe jurídico para conocer si hay vías legales para que la decisión del Parlamento catalán pueda ser revocada.

Rajoy explicó que, antes de decidir qué hará ante la abolición catalana, va a esperar a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso que su partido presentó el año pasado contra la ley aprobada por el Parlamento catalán. Pero, como se espera que ese fallo se demore varios meses, el líder del PP reveló que ha pedido el citado informe jurídico para conocer las consecuencias que tendría que el futuro Ejecutivo declarara los toros bien de interés cultural (BIC). “El documento nos dirá si esa declaración supone automáticamente que ya no hay competencia en las comunidades autónomas para decidir”, aseguró.

Con más agudeza, contextualizando la anterior noticia, Carmen Remírez de Ganuza escribe en el diario “El Mundo” que “Mariano Rajoy ha descartado declarar la Fiesta bien de interés cultural o tomar cualquier decisión que revoque la prohibición del Parlament de Cataluña hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso interpuesto en su día por su propio partido contra esta decisión. Con su posición, ha reproducido su conocida posición sobre la regulación de los matrimonios homosexuales”.

Nadie va a negar la buena voluntad de las  declaraciones del todavía líder de la Oposición. Lo que asombra es que nadie en el PP asesore a su Presidente en esta materia, para no hacerle quedar tan mal a los ojos, al menos, de los aficionados. Entre otras cosas porque parece como si menospreciaran trabajos, además muy buenos, elaborados por dirigentes del propio PP.

En efecto, da igual a que experto jurídico se le haga el encargo de elaborar tal informe. Sea cual fuere podrían ahorrarse la minuta correspondiente, porque lo que nadie de su entorno le ha explicado a Rajoy es que en su propia casa del PP hay documentos sólidamente fundamentados sobre la materia.

Y así, dando por supuesto que algo conoceran en la sede de la calle Génova del recurso de incontitucionalidad que presentaron precisamente los senadores del PP --jurídicamente muy sólido en opinión de los expertos--, sin tratar de ser exhaustivos basta recordar documentos propios del PP como los siguientes:

n Resolución de 18/08/2011, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, del Gobierno de Castilla la Mancha, por la que se determina incoar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural la Fiesta de los Toros en Castilla-La Mancha. Documentos similares pueden consultarse en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, entre otros.

n Moción del PP en esta misma materia, debatida en el pleno del Senado, en octubre de 2010. El texto de la intervención del portavoz popular, Pío García Escudero, resulta de especial interés para interpretar el sentido de esa moción.

n Proposición de Ley modificativa de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, presentada por Soraya Saéz de Santamaría el 29 de julio de 2010. [Subrayemos entre paréntesis que con esta sola proposición --que además es breve-- se le pueden resolver todas sus dudas al entorno del señor Rajoy].

n Proposición no de ley  sobre la misma materia, que complementa la anterior, presentada en el Congreso por el diputado Juan Manuel Albendea.

Y si buscan fuera de los archivos del PP, cabe citar casos de documentos que son públicos, como los siguientes:

w “Fundamentos de la definición de la Fiesta como Bien de Interés Cultural”, informe elaborado por José Aledón, por encargo de la Comisión formada al efecto en la Generalitat Valenciana, en el que razona documentalmente por qué la Fiesta de los toros debe ser declarada Bien de Interés Cultural.

w “La unidad de la Fiesta de toros, ¿una cuestión de constitucionalidad?”, ponencia de Pedro Ángel Palencia,  Técnico de la Administración Civil del Estado y antiguo Secretario General de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, presentada en los Encuentros Internacionales de Derecho Taurino, celebrados en el Colegio de Abogados de Madrid en de mayo de 2010.

wDocumento presentado por la Unión de Abonados de España a la  Defensora del Pueblo en funciones, en instándole a que interpusiera  recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña.

Con lo cual al hipotético experto que tenga que elaborar el informe solicitado le bastará con el “corta y pega” para tener listo en una mañana el referido informe. En Google, además, encontrará todos estos y muchos más documentos. Ni al fondo documental de Aranzadi tiene que acudir. Pero probablemente hubiera sido más oportuno que el propio Gabinete de Rajoy se preocupara de pinchar en Google, o que revisara los archivos de la Sede de Génova. Le hubieran ahorrado a su jefe decir sinsorgadas.

En cambio, podrían haberle asesorado acerca del mucho trabajo que diputados y senadores del PP han realizado en las dos Cámaras estas materias, y que la oposición siempre del PSOE impidió que todos sus intentos salieran adelante. Pues de eso, no ha dicho ni palabra.

Aunque a lo mejor no es necesario  ni el “corta y pega”, ni nada de todo lo anterior, porque si hacemos caso a lo escrito por Carmen Remírez de Ganuza en “El Mundo”, cuando adjudica al señor Rajoy que:  No obstante, ha dejado claro que no entra en su agenda de los primeros cien días de Gobierno ninguna decisión que impida la entrada en vigor de la prohibición en Cataluña el próximo uno de enero”.  Por cierto, le podrían haber explicado que su planteamiento de inactividad no es para 100 días, sino para más de 700 días, que es lo que se calcula que tardará como mínimo el TC en dictar su sentencia.

A partir de ahí todo lo demás sobra. Si no hay voluntad de actuar, en tanto el TC no se pronuncie, para qué quiere un informe, salvo para añadir un nuevo papel, que muy probablemente será menos valioso que los muchos y bien documentados que ya hay archivados en las estanterías del PP. 

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