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Como nunca tuvo en la historia
El blindaje de la Tauromaquia
Los nuevos fundamentos jurídicos sobre los que en la actualidad se asienta la Tauromaquia marcan un etapa nueva, desconocida en el proceder del Poder Civil en la historia de España. La ley 18/2013 y la que en estas semanas cumple su última etapa de tramitación parlamentaria constituyen un sólido blindaje de cuanto se refiere a la Tauromaquia, "desde la dehesa a los ruedos", pero también para toda esa amplísima gama de actividades parataurinas, que son mucho más que asuntos colaterales. Aunque parezca en ocasiones que son los propios taurinos los que no ponen en valor el trabajo jurídico que se ha hecho, quienes en el futuro escriban la Historia de estos tiempos nuestros, reconocerán el calado la tarea realizada.
Actualizado 19 marzo 2015  
Redacción   

Fue un experto constitucionalista quien sentenció, citando de memoria,  que “la palabra del legislador puede convertir en basura una biblioteca jurídica” . Ejemplos no tan lejanos hemos tenido de como leyes que acababan de entrar en vigor, tras su aprobación en el Parlamento,  fueron luego derogadas por el siguiente Parlamento y su nueva mayoría de Gobierno mediante un acto legislativo tan simple como convalidar un decreto-ley.

En ocasiones parece que esa es la esperanza que anida entre quienes entienden que toda la legislación emanada del actual Parlamento, a iniciativa del Gobierno, sobre la Tauromaquia puede acabar siendo “basura jurídica”, porque los que vengan detrás pueden decidir su derogación por la expeditiva vía del decreto-ley, si en las Cámaras que nazcan de las próximas elecciones generales nace  un nuevo juego de mayoría y minorías y de cuál sea la voluntad política y la capacidad de maniobra quien alcance a formar Gobierno.

Sin embargo, en términos de Derecho político, con tener plena legitimidad este sistema de derogaciones, nunca dejarán de ser modos de expresar la inseguridad jurídica que reina en un Estado moderno, en el que el imperio de la ley debe constituir su santo y seña y, además, contar con la necesaria estabilidad.

Vienen a cuento tan elementales observaciones por el blindaje que el Gobierno en el poder ha realizado sobre la Tauromaquia, una vez que entró en vigor la ley 18/2013 --que la declaró Patrimonio Cultural-- y que la futura ley que está ahora pendiente tan sólo del Senado, por la que se transpone a la legislación española la Convención de Paris 2003 sobre la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, concepto dentro del cuál tiene plena y propia cabida la Tauromaquia.

Incluso aunque nos viéramos en la hipótesis de que otros Gobiernos que vengan detrás  hagan “basura jurídica” de todo lo realizado hasta ahora, no por eso lo realizado puede considerarse como algo precisamente anecdótico.  Es más: lo será cuando, si tal hipótesis de nuevas mayorías parlamentarias se materializara, quienes aman la Tauromaria no ejercen su responsabilidad primera de defender el mantenimiento de las nuevas leyes.

Hay quienes tienen sus dudas acerca de la importancia de este aparato jurídico como defensa de la Tauromaquia; de hecho se comprueba que este esfuerzo legislativo no levanta precisamente “oleadas de entusiasmo” entre muchos taurinos, en la medida que es aspecto del que casi nunca hablan.  Incluso hay quienes demuestran tener una mayor confianza en lo que dictamine, si algún día lo sentencia, el Tribunal Constitucional acerca de la Ley catalana por la que se prohibieron los espectáculos taurinos en aquella comunidad autónoma, aunque esa sentencia que nunca llega abordará un aspecto muy parcial –que no quiere decir sin importancia-- de la cuestión taurina.

Sin embargo, la realidad es que con este nuevo soporte jurídico --como en su día anunció el hoy presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, el diputado Juan Manuel Albendea-- estamos ante un proceso gracias al cual por primera vez en la historia de España el Poder Civil se compromete en la protección y el fomento de la Tauromaquia.

Quien tenga el hábito de leer las noticias en sus fuentes, no dejará de sorprenderles como en el reciente debate habido en el Congreso sobre el proyecto de ley en curso parlamentario fueron quienes militan en posiciones antitaurinas fueron los que con mayor claridad expusieron el calado profundo de este nuevo basamento jurídico de la Tauromaquia. Sus temores, incluso por encima del pleito permanente del reparto de las competencias, radicaban en que con esta ley está más cerca la UNESCO y su declaración como Patrimonio de la Humanidad para la Tauromaquia. Y ellos saben, y además lo dijeron, que eso será definitivo contras sus propósitos de recortar la libertas de los ciudadanos de decidir cómo y dónde quieren consumir sus horas de ocio, sus aficiones.

En estos días parece que resulta un compromiso innecesario e incómodo todo lo que sea compartir lo hecho por el Gobierno en trance de salida; pero con semejantes temores y sin ellos, la realidad es que a la Tauromaquia la situado en un marco legal como nunca tuvo. Cuando las generaciones que vengan detrás escriban la Historia con honestidad lo reconocerán.

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